Por: Ninoska Batista, CEO de Ecopolitica
El periodismo nació para fiscalizar el poder, informar con responsabilidad y servir de puente entre los hechos y la ciudadanía. Sin embargo, cuando unos pocos utilizan un micrófono, una cámara o un portal digital para intimidar, presionar o negociar con la reputación de las personas, dejan de ejercer periodismo y convierten la información en un instrumento de coerción.
Ese es el verdadero negocio del silencio.
No se trata del periodista que investiga, verifica y publica información de interés público. Se trata de quien insinúa que tiene un expediente, una grabación o un supuesto escándalo y deja entrever que podría hacerlo público, a veces sin pruebas suficientes o mezclando hechos con rumores, para obtener algún beneficio. En otras ocasiones, la presión no busca dinero, sino favores, influencia, contratos, acceso o simplemente demostrar poder.
El daño comienza mucho antes de que una historia sea publicada. Basta una llamada, un mensaje o una amenaza velada para sembrar miedo. El señalado no solo enfrenta la posibilidad de una exposición pública; también carga con la incertidumbre de cómo reaccionarán su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo y la sociedad. En un mundo donde la velocidad de las redes sociales supera a la verificación de los hechos, una acusación puede recorrer miles de pantallas antes de que alguien se pregunte si era cierta.
La reputación es uno de los patrimonios más difíciles de construir y uno de los más fáciles de destruir. Años de trabajo, esfuerzo y credibilidad pueden quedar bajo sospecha por una publicación irresponsable o por una campaña de descrédito basada en información incompleta, descontextualizada o directamente falsa. Aunque después llegue una aclaración o una sentencia que desmienta la acusación, el daño muchas veces ya está hecho.
El poder de las palabras no debería utilizarse como un mecanismo de intimidación. Quien comunica tiene la responsabilidad de comprender que detrás de cada nombre hay una familia, una carrera profesional y una vida que puede verse afectada por una información difundida sin el debido rigor. La libertad de prensa es un pilar de toda democracia, pero también lo son la ética, la verificación de los hechos y el respeto por la dignidad de las personas.
También es cierto que no toda información incómoda constituye una extorsión. Los funcionarios, empresarios, líderes sociales y cualquier persona con relevancia pública deben rendir cuentas cuando existen hechos de interés público sustentados con pruebas. La crítica, la investigación y la denuncia responsable forman parte de la esencia del periodismo. Confundir una investigación seria con una persecución sería un error tan grave como utilizar el periodismo para intimidar.
Precisamente por eso es importante hacer la diferencia. La sociedad necesita periodistas que investiguen con independencia, no operadores del miedo. Necesita medios comprometidos con la verdad, no con el escándalo. Necesita profesionales que publiquen porque la información merece conocerse, no porque el silencio tenga un precio.
Cada vez que alguien utiliza una plataforma informativa para amenazar o presionar, no solo perjudica a la persona señalada. También erosiona la confianza del público en un oficio indispensable para la democracia. Y cuando la ciudadanía deja de creer en quienes informan, pierde el periodismo, pero sobre todo pierde la sociedad.
La credibilidad no se compra, no se vende y no debería negociarse. Esa es la diferencia entre informar y extorsionar. Mientras el periodismo busca que la verdad salga a la luz, la extorsión busca convertir el silencio en un negocio.
La mayor fortaleza de un periodista no es la capacidad de destruir una reputación, sino la responsabilidad de construir confianza. Porque cuando las palabras dejan de servir a la verdad para servir al miedo, el periodismo deja de cumplir su misión más noble.